En una reciente intervención sobre el avance de la regularización migratoria en Chile, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, defendió la iniciativa de "regularización acotada" que está siendo evaluada por el Gobierno. Durante la entrega de nueva tecnología para facilitar la fiscalización en terreno por parte de la PDI y Carabineros, Cordero reiteró que esta medida se enfoca en la realidad migratoria actual, donde más del 90% de los migrantes que podrían regularizarse son de nacionalidad venezolana.
Cordero subrayó que la regularización se lleva a cabo dentro de un marco que respeta la ley, destacando que no se puede abordar este tema ignorando los hechos. “Si no enfrentamos la realidad de las personas empadronadas, estaremos evadiendo un problema. No se puede hacer política pública basada en fantasías”, afirmó.
En cuanto a la relación entre la regularización y la reforma migratoria, que endurece las sanciones a los empleadores que contraten a inmigrantes irregulares, el subsecretario explicó que muchos de los migrantes que se empadronaron ya están establecidos en el país desde hace años. Según los datos, el 67% de las personas empadronadas llegaron entre 2018 y principios de 2022.
Cordero también aclaró que los aproximadamente 182 mil migrantes que podrían regularizar su situación en el país ingresaron por pasos irregulares, resaltando la contradicción en los procesos de regularización previos, los cuales, según él, no se alineaban con la ley. A pesar de esto, enfatizó que no se puede considerar una expulsión masiva, ya que los migrantes en cuestión están establecidos en Chile desde hace años.
Sobre las inquietudes acerca de la validez de los antecedentes penales de los migrantes venezolanos, Cordero destacó que Chile tiene acuerdos internacionales, como el convenio de apostillas, que aseguran la validez de los documentos emitidos por Venezuela, a pesar de las críticas al régimen de ese país.
El subsecretario concluyó que el Gobierno enfrenta un desafío complejo relacionado con la seguridad, pero reafirmó la necesidad de avanzar en un proceso de regularización que se base en la realidad y no en suposiciones.
Fuente: EMOL